Carolina Figueroa Chandía es Ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y presidenta del Comité de Género y No Discriminación para la misma jurisdicción. Recientemente lideró la Actividad de Cierre del Período 2025 del Comité, instancia en la que fueron convocados los integrantes de las Clínicas Jurídicas de las universidades de la región. En este evento, destacó la importancia de su labor, tanto como intervinientes en las distintas instancias judiciales como en la formación de futuros profesionales y en el servicio que prestan a la comunidad.

En este contexto, y en el marco de la próxima conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que ocurrirá este 25 de noviembre, Figueroa compartió sus reflexiones con la Comisión CAHVDA sobre los desafíos y la lectura del momento del rol de estos organismos en las instituciones de educación superior.

1. Desde su posición, ¿cómo observa el rol que cumple el Poder Judicial en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, especialmente en el contexto de la próxima Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre)?

“El Poder Judicial ha tenido un rol preponderante en esta materia. Este año, por ejemplo, hemos trabajado arduamente en la implementación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (N° 21.675), principalmente en el traspaso desde los juzgados de Familia a los juzgados de Garantía de todas las causas de violencia que tienen carácter de delitos. Aquí todos los estamentos del personal del Poder Judicial están en constante capacitación en materias de género. A propósito de esto, el año pasado nuestra gran labor fue implementar el reglamento institucional que se creó a propósito de la entrada en vigencia de la Ley Karin, donde tuvimos varios espacios para capacitarnos, ver las formas de aplicación en estos casos, entre otros. Este trabajo no solo lo hemos realizado de manera interna en el Poder Judicial, sino que hemos tenido trabajos intersectoriales con otros organismos públicos como la seremi de Justicia y Derechos Humanos de esta región, la de Salud, la de Desarrollo Social, el SernamEG, las policías, el Ministerio Público; entonces la preocupación por los temas asociados a género y no discriminación es constante aquí en la institución”.

2. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos que persisten en términos de acceso a la justicia y protección efectiva para mujeres víctimas de violencia, y cómo pueden las instituciones contribuir a abordarlos?

“Uno de los principales desafíos que aún enfrentamos como país, es el reconocimiento temprano de la violencia. Muchas mujeres no logran identificar que están siendo violentadas, sobre todo cuando se trata de violencia psicológica, económica o simbólica. Y cuando logran hacerlo, aún deben sortear barreras para denunciar, para ser escuchadas y, sobre todo, ser protegidas. Aún existe el temor a que no les crean o a que la encasillen en estereotipos que invaliden sus testimonios, e incluso a que as revictimicen durante los procesos judiciales.

Desde esa perspectiva, el acceso a la justicia debe entenderse no sólo como la posibilidad de presentar una denuncia, sino también como un camino seguro, claro y acompañado donde la víctima se sienta contenida y respaldada por todos los actores del sistema: desde el primer contacto con Carabineros o el Ministerio Público, hasta la resolución final de una jueza o juez.

Las instituciones pueden -y deben- contribuir a cambiar este escenario. ¿Cómo? Fortaleciendo la formación en género de quienes imparten justicia, promoviendo el trabajo interdisciplinario con profesionales de apoyo, generando canales expeditos de denuncia, mejorando los tiempos de respuesta y, por sobre todo, generando una cultura institucional que tenga a la empatía, la escucha activa y la dignidad de las mujeres como pilares irrenunciables”.

3. En su experiencia, ¿qué medidas o enfoques resultan más relevantes para fortalecer una cultura institucional libre de violencia y discriminación hacia las mujeres, y cómo se puede avanzar de manera coordinada con organismos y comisiones que trabajan en esta materia?

“En mi experiencia, uno de los pilares más relevantes para avanzar hacia una cultura institucional libre de violencia es la formación con enfoque transformador. No basta con impartir cursos o charlas. Necesitamos procesos formativos que permitan revisar creencias, reconocer sesgos y modificar prácticas. La transformación cultural no ocurre de forma espontánea: requiere voluntad, liderazgo y constancia.

Otro elemento clave es el compromiso desde las jefaturas y liderazgos institucionales. La erradicación de la violencia y la discriminación no puede depender sólo de quienes están más sensibilizados; debe ser un mandato claro, transversal y sostenido en el tiempo. En ese sentido, los Comités de Género y las unidades especializadas del Poder Judicial han sido una herramienta fundamental, pero necesitan ser fortalecidos, visibilizados y articulados con otras redes y actores del ecosistema.

Asimismo, el trabajo conjunto con organismos públicos, con la academia, con organizaciones de mujeres y con la sociedad civil permite enriquecer la mirada y no actuar desde la autosuficiencia institucional. Cuando dialogamos con quienes trabajan a diario en la primera línea de la prevención y acompañamiento, comprendemos mejor la urgencia de ciertos cambios y la necesidad de alinear esfuerzos.

El camino es largo, pero no estamos partiendo de cero. Lo que necesitamos hoy es seguir caminando con pasos firmes, con apertura al cambio y con una convicción profunda de que la justicia con enfoque de género no es un favor ni una excepción, sino un derecho que debe garantizarse con seriedad, humanidad y compromiso”.