Los golpes y humillaciones públicas a los estudiantes como forma de castigo era algo frecuente y considerado “normal” en otras épocas en Chile. Era común que los profesores propinaran golpes con chicote, látigos y palmetas de madera en las manos de los niños, niñas y adolescentes como una forma de “corregir” malos comportamientos, prácticas que con el tiempo se fueron moderando y prohibiendo en muchos países del mundo.
En 2010, eran 15 los países de América Latina y el Caribe con leyes que prohíben explícitamente el castigo corporal en las escuelas y en 2020 esta cifra aumentó a 21. Es decir, hoy en la región el 63% de los países cuenta con este tipo de legislación, entre ellos, Chile.
A pesar de los avances, según un estudio FONDECYT liderado por la Dra. Verónica López, directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva (Eduinclusiva) y académica de la Escuela de Psicología de la PUCV, hoy existe un porcentaje de profesores que ejercen y creen en las llamadas prácticas de disciplina punitiva lo que se traduce en que dos de cada 10 estudiantes han recibido algún tipo de castigo o sanción.
Múltiples anotaciones negativas, envío a inspectoría, prohibición de participar de una actividad de clase o extraescolar, cambios de curso, suspensión, matrícula condicional y expulsión, son algunas de las prácticas más frecuentes.
“Las prácticas punitivas son acciones frecuentes naturalizadas en la acción escolar, que surgen para lidiar con la diversidad de estudiantes en un sistema educativo que exige conseguir estándares comunes”, explica la profesora Verónica López. En efecto, es frecuente que algunos profesores hagan salir de la sala a estudiantes con mal comportamiento. “Esta también es una forma de castigarlos, al restarles tiempo para aprender y convivir con sus compañeros. Además, es más probable que esos estudiantes sean finalmente suspendidos y luego expulsados de la escuela”, asegura.
ESTUDIO INTERDISCIPLINARIO
Durante cuatro años, el equipo interuniversitario e interdisciplinario realizó un seguimiento de las prácticas de segregación y exclusión en los establecimientos escolares chilenos y sus efectos sobre la vida de los estudiantes y sobre el sistema de educación básica y secundaria.
El estudio titulado “La inclusión excluyente: Microprácticas de segregación y exclusión en la disciplina escolar chilena” (Fondecyt 1191267) incluyó un análisis de más de 3.841 escuelas basándose en información recopilada a través de cuestionarios del SIMCE, construidos a partir de preguntas que el mismo equipo había proporcionado a la Agencia de Calidad de la Educación en un proyecto de investigación anterior.
Los resultados muestran que las prácticas punitivas son mucho más frecuentes en escuelas de menor nivel socioeconómico y quienes más las reciben son estudiantes varones, repitentes, aquellos que presentan Trastorno por Déficit Atencional e Hiperactividad, y aquellos cuyos padres señalan valorar menos la educación. “Lo que se enfrenta es un problema social, que afecta con mayor intensidad a quienes ya sufren desigualdad y discriminación”, expresó la académica.
Algunos de los resultados del estudio indican que las escuelas que aplican más prácticas de disciplina punitiva tienen peor rendimiento académico y sus estudiantes ingresan menos a la educación superior. Mientras más punitivos son los colegios, peor es su rendimiento académico, con una disminución entre 9 y 10 puntos en la prueba SIMCE y un 6% menos de probabilidades de ingresar a la educación superior.
Juan Pablo Valenzuela, del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, quien participó como co-investigador en este estudio, plantea que las oportunidades de trayectorias educativas así como de aprendizajes se ven considerablemente mermadas cuando estas prácticas punitivas se aplican en el sistema educativo. “Este estudio no sólo entrega elementos para diseñar políticas públicas y modificar de manera urgente prácticas culturales que están muy instaladas en la mayor parte de nuestros colegios sino que también identifica buenas prácticas demostrando que es posible hacer modificaciones”, sostiene.
Entre las buenas prácticas se encuentran distintas modalidades de escuchar a los estudiantes, fortaleciendo su voz y participación en las escuelas para poder llegar a acuerdos. También, una mejor articulación de los equipos de convivencia escolar con el personal de inspectoría general y de patios, así como el apoyo directo de los profesores y profesionales de los equipos de convivencia escolar a los profesores de aula y profesores jefes, para que ellas y ellos puedan generar instancias de diálogo y formación con el grupo curso.
Por Andrea Henríquez
Centro Eduinclusiva
