20.11.2017
La Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso realizó entre el 16 y 17 de noviembre pasado, las XLVII Jornadas Chilenas de Derecho Público, donde se abordó la vinculación entre el derecho, la igualdad y la migración.
En la ocasión, se presentaron más de 50 ponencias, donde se trató la temática de la migración desde el derecho constitucional, administrativo e internacional.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del decano de la Facultad de Derecho, Alan Bronfman, quien recordó que las primeras Jornadas Chilenas de Derecho Público se remontan a octubre de 1961 y en total la PUCV ha organizado un total de 10 encuentros.
“En Chile, los órganos representativos aparecen muy abajo en las encuestas sobre credibilidad. Los partidos políticos están siendo mal evaluados. Desde esta perspectiva, esta reflexión sobre la migración será un aporte. El derecho no es la llave mágica para resolver todos los problemas, pero tiene mucho qué decir para avanzar hacia una convivencia más pacífica y más justa”, indicó.
Por su parte, el profesor del Departamento de Derecho Público y presidente del comité organizador del encuentro, John Charney, señaló que la inmigración es un tema amplio que permite la acogida de diversas aristas y en la actualidad preocupa al país y al mundo.
“La cultura receptora se enriquece en el intercambio afectuoso y fraterno con la cultura de los inmigrantes. Los desafíos no se limitan sólo al reconocimiento de los derechos culturales de los inmigrantes y a los efectos que ella puede tener en la cultura receptora. Tiene efectos económicos, en la realización social y política de una nación e impacta sobre todo en la vida de las personas que han abandonado su hogar y se han radicado en tierras extrañas, donde han cifrado sus esperanzas y porvenir”, planteó.
El Dr. Charney recordó que se ha percibido un aumento en la llegada de inmigrantes a Chile que ha superado el 200% en los últimos dos años, destacando el arribo desde Colombia, Venezuela, Haití y República Dominicana, entre otros países. Al respecto, el profesor propuso adecuar el ordenamiento jurídico vigente, que data de mediados de los años 70.
CONFERENCIA INAUGURAL
La conferencia inaugural estuvo a cargo del director nacional del Servicio Jesuita a Inmigrantes, Pablo Valenzuela, quien ofreció un panorama muy completo sobre las diversas tareas que enfrenta nuestro país a la hora de preservar los derechos fundamentales y la dignidad de los inmigrantes y sus familias.
El Servicio Jesuita a Migrantes atiende a alrededor de 5 mil inmigrantes y ha capacitado a más de 10 mil funcionarios públicos, considerando el cambio de mirada que requiere nuestra sociedad.
Valenzuela señaló que es difícil generar convivencia en una sociedad marcada por la desigualdad, considerando que en Chile no funciona adecuadamente la redistribución de ingresos recaudados por los impuestos, ofreciendo una gran segregación en las ciudades como ocurre en Santiago entre los sectores oriente y poniente. En el fondo, los derechos no son iguales, por ejemplo, en el acceso a la salud.
“La migración que llega a Chile es marcadamente laboral. El 80% llega con el objetivo de trabajar. La mayoría es joven y está conformada sobre todo por mujeres. Un 46% de los inmigrantes tiene entre 15 y 44 años. Es más escolarizada que los chilenos. En promedio posee más de 12 años de estudio, cifra que en Chile llega a los 10 años. El 75% de nuestra inmigración proviene de América Latina. Un 38% arriba desde Perú, un 13,5% desde Bolivia y un 13% desde Colombia”, indicó.
El 69,1% de los inmigrantes que llegan a Chile se instalan en la Región Metropolitana, el 6,6% está en Antofagasta y Tarapacá y un 5,5% en la región de Valparaíso. “La inmigración siempre ha existido en Chile. A principios del siglo XX llegó al 4,8% de la población, pero hoy tiene características distintas”, complementó.
En 2017, a través de los datos del Departamento de Extranjería y Migración de Chile, se registra un total de 589.232 migrantes, cifra que en 1982 llegaba a los 83.800. A esto, se deben incorporar otros 200 mil que no se encuentran en los registros.
“Uno de los grandes problemas es la actual ley de migración que está obsoleta, pues data de 1975. No hemos sido capaces de aunar esfuerzos y cambiar las políticas públicas que aborden este ámbito. Nuestras políticas se centran en la seguridad, ven a los inmigrantes como una amenaza, pues afectarían nuestra identidad. Este es el mismo enfoque que tiene Donald Trump en Estados Unidos donde hay 17 millones de inmigrantes irregulares”, advirtió.
Finalmente, el expositor añadió que en nuestro país hay alrededor de 35 mil niños inmigrantes que viven de manera irregular, sin recibir los beneficios del Estado. Algunos de sus padres tienen problemas para validar los estudios de origen y se tardan más de ocho meses en obtener una visa de trabajo. “Hay que proponer un enfoque de derechos fundamentales como un punto de partida. El actual proyecto de ley sobre migración que descansa en el Congreso no menciona, por ejemplo, el derecho a la vivienda y representa un retroceso al derecho a la salud de los inmigrantes”, concluyó.
Por Juan Paulo Roldán
Dirección General de Vinculación con el Medio
