30.10.2018

El anteproyecto de la Constitución de 1980 comenzó a ser elaborado por la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política, conocida como Comisión Ortúzar, por estar presidida por Enrique Ortúzar (abogado y académico chileno, ministro de Estado durante el gobierno del Presidente Jorge Alessandri Rodríguez). Asimismo, la comisión estuvo integrada por Jaime Guzmán Errázuriz, Alejandro Silva Bascuñán, Jorge Ovalle Quiroz, Alicia Romo, Enrique Evans de la Cuadra, Sergio Diez y Gustavo Lorca. Por renuncia de algunos de ellos, en 1977 fueron reemplazados por Luz Bulnes Aldunate, Raúl Bertelsen y Juan de Dios Carmona.

"El inicio de la problemática del trabajo como insumo para la Comisión Asesora de la Nueva Constitución", se tituló la conferencia de José Antonio González, profesor de la Universidad Católica del Norte, actividad que se enmarcó dentro del proyecto Fondecyt Regular n. 1180074 “Estado, Desempleo y Neoliberalismo: Aproximación Histórico Política a las discusiones sobre el desempleo en Alemania Federal y Chile (las décadas de 1970 y 1980)”, del doctor Claudio Llanos, académico del Instituto de Historia de la PUCV. La actividad se desarrolló el viernes 26 de octubre y el profesor González es co-investigador del proyecto.

“Viendo las Actas de la Comisión Asesora de la Nueva Constitución, lo que uno aprecia es que, a pocos días del Golpe de Estado de 1973, no solo se pensaba en restaurar el orden institucional, quebrantado de la Constitución de 1925. Esta instancia también se formó para impulsar una nueva Constitución. Lo que se expuso, fue una versión para la prensa que revisó cuáles eran los márgenes que tuvo la institucionalidad y hacer modificaciones, pero en el fondo lo que se pretendía era hacer una nueva Carta Magna”, señaló José Antonio González.

El “ladrillo” fue en gran medida la reedición del programa de Jorge Alessandri, iniciado por la Universidad Católica de Santiago, junto a profesionales que habían estado en la Universidad de Chicago. Este grupo en marzo del 73 incorporó a más integrantes y su trabajo lo denominaron “análisis coyuntural mensual”. En la Unidad Popular estudiaron las bases, analizando cómo reemplazar el modelo que había. En el mes de junio se integró Jaime Guzmán que fue el nexo en la comisión asesora. Él instaló la orientación de la discusión en todo este proceso.

“En el ladrillo analizaban por qué el Estado debería cubrir necesidades que no correspondían. Se cuestionaban ¿qué pasa si un trabajador es negligente o no tiene disciplina laboral? Aquí hay una discusión de fondo donde existe solo el mercado y el consenso. El bien común era un letargo que ha distorsionado el Estado. Se decía que el bien común lo hacía cada una de las personas con su esfuerzo personal. Lo que importaba para ellos era la autoridad, la disciplina laboral y el esfuerzo personal”, precisó el académico.

Ellos argumentaban que el Estado no debía dar empleo, esta función recaía principalmente en la empresa. Cuando apareció el economista y ex ministro de Trabajo y Previsión Social, José Piñera Echeñique, resolvió el tema de la sindicalización. Se cambió el sistema previsional del país, la salud, la educación, todos eran considerados “trabajadores”, nada de empleados u obreros porque eso era considerado lucha social. Todos empleados y un empleador. “Existe un lenguaje fundacional en este proceso. Se incorpora la idea de eficiencia y eficacia en el trabajo, las utilidades en el trabajo, está la participación de un capitalismo popular insinuado por Jaime Guzmán”, aclaró el investigador.

Se declaraba que si no había crecimiento económico era imposible solucionar el problema de la extrema pobreza. “El Estado no debía solucionar por el bien común el problema del trabajo. Es la persona quien tenía que asumir su propio riesgo, el individuo”, puntualizó González.

La nueva Constitución tuvo como principal objetivo resguardar el régimen de cualquier grupo o ideología que quisiera atentar contra el Estado y la nación. Para ello, declaró inconstitucional todo acto u organización que propugnara una concepción contraria a la familia o fundada en la lucha de clases.

El Consejo de Estado, presidido por Jorge Alessandri Rodríguez, introdujo entre 1978 y 1980 modificaciones al anteproyecto de la Constitución, el que finalmente pasó a manos de la Junta de Gobierno, donde alcanzó su redacción final.

La Constitución fue aprobada con el 67 por ciento de los votos a favor y 30,2 por ciento en contra, en un plebiscito efectuado el 11 de septiembre de 1980, sin que hubiese padrón electoral y bajo severas restricciones a la libertad de expresión, información y reunión. Comenzó a regir en forma transitoria a partir del 11 de marzo de 1981 y en forma plena el 11 de marzo de 1990, con la vuelta de la democracia.

Otras exposiciones del encuentro

Este workshop contó además con las siguientes exposiciones: "Organizados por necesidad: Rearticulación social de base y redes de apoyo, 1973-1990", Alberto Donoso, tesista programa Magíster en Historia, PUCV; “Trabajadores en transición. Conflictividad, cultura política y estrategias sindicales en la postdictadura chilena, 1990-2010”, José Ignacio Ponce, tesista programa de Doctorado en Historia, USACH; "La fragilidad de la vida sustentable”, Karen Reyes, magistranda, programa de Governance of risk and resources, Universidad Heilderberg y “Globalización neoliberal y desempleo. Las décadas de 1970 y 1980”, del doctor Claudio Llanos Reyes, profesor del Instituto de Historia PUCV.

Natalia Cabrera Vásquez

Facultad de Filosofía y Educación