En una entrevista para el diario La Segunda, publicada recientemente, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Nelson Vásquez, en su calidad de presidente de la Red G9, planteó una serie de problemáticas que afectan al sistema de educación superior y a la necesidad de contar con un trato igualitario del gobierno, considerando el valioso aporte que hacen las nueve instituciones públicas no estatales a la producción de bienes públicos y al desarrollo de investigación de frontera.
“Como universidades nos sentimos maltratadas. No queremos beneficios, sino que un trato justo, queremos igual trato. Hay un daño al G9, el sentimiento es que no ha habido cuidado, que no se ha valorado nuestro rol y aunque en el último tiempo en el discurso se ha comenzado a reconocer, en lo concreto no se ha avanzado”, lamentó.
En la ocasión, el rector expresó que tras un cambio legal en 2023 todas las universidades —excepto las estatales— deben pagar Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los servicios que ofrecen, lo que las hace menos competitivas en licitaciones públicas y privadas porque tienen que cobrar un 19% de impuesto. “No solo nos limita en lo económico, también impacta en el relacionamiento de los planteles con el medio, que es una de las dimensiones consideradas para la acreditación, advirtió.
En segundo lugar, señaló que en la última Ley de Presupuestos se estableció que los Gobiernos Regionales pueden entregar recursos a instituciones que no sean estatales solo a través de concursos públicos y no por asignaciones directas.
“Como gestores por trato directo teníamos acceso a alrededor de mil millones al año para proyectos de beneficio a la comunidad y ahora no. El Gobierno Regional de Valparaíso nos pidió a las cuatro universidades tradicionales de la región crear la estrategia de innovación regional y junto a la Universidad Santa María somos las más grandes de la región y generamos el 70% de la innovación, pero no podemos liderar ese proyecto porque no somos estatales”, advirtió.
IMPACTO POR EL CASO CONVENIOS
En la entrevista al vespertino el Rector Vásquez se refirió al daño que generó el caso “Convenios” en las universidades, lo que se ha plasmado en el retraso de la llegada de recursos para los proyectos.
“En relación a los Fondos de Innovación y Competitividad Regional (FIC) que están asociados a la nueva ley de royalty han pasado seis meses y no se han dictado ni las orientaciones ni el reglamento correspondiente, por lo que los gobiernos regionales no han podido abrir licitaciones cuyo volumen de recursos son cerca de $1.500 millones por región. Este año una parte importante de esos recursos no va a poder ser ejecutada. Todo está retrasado. Lo más probable es que sean recursos que no se ejecuten y retornen al Fondo General de Estado para reasignación estatal”, precisó.
Sobre las complejidades de la educación superior en Chile, indicó que desde el nivel estatal hay una enorme desconfianza hacia las universidades. “Las entidades reguladoras no confían en las instituciones de educación superior chilenas y eso se ha acentuado en el último tiempo, lo que es un problema (...) De pronto hay en las autoridades una suerte de desconocimiento de la calidad del sistema de educación superior chileno, que en América Latina sin duda es uno de los mejores”, reflexionó.
El rector advirtió que debe existir regulación, pero el mecanismo y procedimiento de revisión no deber ser tan engorroso. “Aquí se pide accountability ex ante y para todas las instituciones por igual, lo que agota las capacidades de las universidades: tenemos requerimientos de la Superintendencia de Educación Superior, de la Subsecretaría de Educación Superior, de la Comisión Nacional de Acreditación, de la Contraloría y hasta de la Comisión de Mercado Financiero”.
Al respecto, propuso que las entidades reguladoras deben definir toda la información pública que necesitan de las universidades para que se envíen una vez al año y si encuentran alguna irregularidad, que se haga una auditoría.
“El Estado tiene instrumentos e información oportuna para anticiparse. Si revisara adecuadamente los estados financieros auditados por empresas externas de todas las universidades que reciben fondos públicos, inmediatamente se daría cuenta dónde están los problemas, y que básicamente son de calidad de gestión de quienes dirigen las instituciones”, concluyó.
La entrevista en extenso puede revisarse en el siguiente link.
Por Juan Paulo Roldán
Dirección de Comunicación Estratégica
