09.10.2020
Este viernes 9 de octubre se efectuó el Seminario “Plan de Movilidad 2050: ¿Qué país queremos?", el que fue organizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) y que contó con la participación del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno; el rector de la PUCV, Claudio Elórtegui; la presidenta de la Fundación Chile 21, Gloria de la Fuente; y el director del Instituto de Estudios de la Sociedad, Claudio Alvarado.
En la ocasión, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, expuso sobre el Plan Nacional de Infraestructura para la Movilidad 2050. El plan recoge los ejes relevantes de documentos anteriores y ofrece una visión del país para los próximos 30 años.
Dentro de los objetivos generales propone la eficiencia económica, donde la movilidad es una condición necesaria para duplicar el PIB, en ese sentido es esencial avanzar en proyectos con rentabilidad social. También se propone abordar el entorno medioambiental, disminuyendo los contaminantes por congestión y nuevas tecnologías, junto con avanzar hacia una mayor equidad regional y conectando de mejor manera a las regiones extremas.
Dentro de los ámbitos más específicos se plantea establecer rutas alternativas que permitan utilizar otras distintas a las concesionadas en caso de desastres naturales. El plan considera inversiones de corto y largo plazo por más de 3.900 millones de dólares.
Otro de los aspectos que considera el plan se relaciona con promover la movilidad por medio de una mejor infraestructura ferroviaria, favoreciendo el uso de carga desde los puertos. Estos últimos recibirán una inversión aproximada de 5 mil millones de dólares, donde se mejoran las rampas de transbordadores.
Cerca del 45% de la inversión del Plan se efectuará entre 2020 y 2029. Un 69% de la inversión se desarrollará a través de potenciales fondos privados.
“Se espera que el PIB se duplique y por tanto también la movilidad. Para lograr ese crecimiento es necesario proyectos por más de 50 mil millones de dólares (…) Para lograr materializar el Plan es necesario un acuerdo país en la ciudadanía y una institucionalidad que impulse el Chile del 2050”, indicó el ministro Moreno.
Por su parte, la presidenta de la Fundación Chile 21, Gloria de la Fuente, dijo que es importante proyectar el largo plazo con una mirada interdisciplinaria. “Este es un plan ambicioso, que cubre varias áreas: ferroviaria, portuaria, aeroportuaria, infraestructura vial. Contempla temas que van saliendo como el ámbito ambiental que es relevante y la redistribución para pensar un proyecto en distintas partes del país, la necesidad de hacerse cargo de la descentralización. No todo ocurre en la Región Metropolitana. Es necesario generar un acuerdo país en la ciudadanía y en la institucionalidad hacia delante”, indicó.
De la Fuente, planteó que es necesario pasar de políticas de gobiernos a políticas de Estado. “Un país como el nuestro requiere necesariamente para avanzar en planes de esta magnitud, una relación virtuosa entre lo público-privado y requiere darnos cuenta de que se deben romper las desconfianzas. Chile es uno de los países con más altos índices de desconfianza en las instituciones, y también de desconfianza interpersonal y con las empresas (…) El Estado debe poner las reglas del juego, pero necesita del mundo privado con reglas claras. Siendo un buen plan faltó incluir la participación y el diálogo con los gremios, sociedad civil y otros”, advirtió.
RECTOR ELÓRTEGUI EXPUSO SOBRE VINCULACIÓN PÚBLICA-PRIVADA
Al cierre del encuentro expuso el rector de la PUCV, Claudio Elórtegui, quien destacó la labor del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) como un excelente ejemplo de un lugar de encuentro para el diálogo y el debate sobre las políticas públicas con participación del sector productivo, del sector público, ex autoridades y académicos.
“Luego del estallido social y de la pandemia que azota a la humanidad con sus graves efectos sociales y económicos, de cara a un proceso constituyente, vivimos en Chile un momento crucial, muy determinante de la evolución del país en las próximas décadas. Enfrentamos desafíos, oportunidades y amenazas. Como país, desde la recuperación de la democracia, se alcanzaron logros y objetivos notables: en lo social, económico, en la restauración de una convivencia democrática, en el respeto a los Derechos Humanos. Esto es reconocido a nivel internacional en diversos análisis objetivos basados en evidencias”, comenzó el rector.
Sobre lo ocurrido en octubre pasado, el rector señaló que “hemos observado hace varios años en Chile una pérdida del dinamismo en el crecimiento económico, lo que condujo a tasas muy bajas de crecimiento, con sus inevitables efectos en reducción de la creación de empleos, disminución en el crecimiento de las remuneraciones. No se han encontrado respuestas oportunas a problemas sociales fundamentales, principalmente en el ámbito de la seguridad social, del sistema de salud, del sistema de transporte público y segregación urbana, entre otros. Esto se suma a un preocupante proceso de pérdida de legitimidad de las instituciones y de su confianza por parte de la población, que contribuyeron a la gestación del estallido social del año pasado”.
¿Cómo enfrentar esto? El profesor Elórtegui planteó que “todo lo anterior debe abordarse sin deteriorar algunos elementos centrales que han caracterizado el funcionamiento de nuestra economía: estabilidad macroeconómica, sostenibilidad fiscal y límites al crecimiento de deuda pública (…) Hay ejemplos en América Latina de los desastres sociales que se provocan cuando se desatienden estas restricciones, con efectos negativos especialmente sobre los más pobres y deterioros adicionales en la redistribución de la riqueza. Redistribución sin crecimiento económico, no sirve. Así lo muestra la experiencia del desarrollo a nivel internacional”, advirtió.
Sobre los problemas de infraestructura que presenta Chile, el rector señaló que la inversión en infraestructura es un componente principal de la formación de capital y es una variable para el crecimiento económico. Influye en los niveles de productividad, que es otro determinante en las tasas de crecimiento económico, que enfrenta un peligroso estancamiento en el país. Considerando la situación fiscal que enfrentamos debe complementarse con inversión público-privada.
“En Valparaíso y Viña del Mar se paralizan proyectos de inversión, útiles para el país y la región. La experiencia del puerto sobre su expansión es ilustrativa. Más de 20 años que hay una iniciativa que se ha corregido, pero que está a punto de abortarse. Se deben reorientar inversiones hacia mayor prioridad en ciudades, reducciones en inequidades urbanas, como se ha evidenciado con el estallido y pandemia, segregación de los sectores más vulnerables, carencias de áreas verdes, deficiente conectividad del transporte público, entre otros”, concluyó.
El seminario puede verse en el siguiente link.
Por Juan Paulo Roldán
Dirección General de Vinculación con el Medio
