Discuten el impacto de la modernización del acuerdo comercial entre Chile y la Unión Europea
Un equipo de expertos independiente y representantes de distintos grupos de la sociedad Chilena analizaron los efectos en materia económica, social, medioambiental y sobre los derechos humanos que tendría el nuevo acuerdo.
03.10.2018
Un proceso inédito en Chile se está llevando a cabo en el marco de las negociaciones para modernizar el componente comercial del Acuerdo de Asociación entre Chile y la UE, vigente desde 2003. Este proceso busca garantizar la participación de los distintos grupos de la sociedad y cubrir aspectos relacionados con la sostenibilidad del acuerdo modernizado.
Representantes de la sociedad civil, academia y empresas, así como delegados del sector público participaron este jueves 27 de septiembre en Santiago en un taller donde se presentaron y discutieron los hallazgos preliminares de la evaluación de impacto en materia económica, social, medioambiental y sobre los derechos humanos que podría generar la modernización del acuerdo comercial.
El objetivo de este taller fue escuchar a los grupos que consideran verse afectados o están relacionadas con el proceso de modernización del Acuerdo, buscando identificar potenciales efectos positivos y negativos, estos últimos con el fin de diseñar medidas para reducir, mitigar o evitarlos.
La evaluación de impacto incluye estudios en seis sectores económicos: construcción, servicios de comunicación y negocios, minería, servicios de turismo, hotelería y hostelería, comercio mayorista y minorista, y productos lácteos. Además considera varios estudios de caso, elegidos temáticamente, entre ellos;: aceite de oliva, cultivo de salmón, cadena de valor de las baterías de litio, energía renovable, efectos en las comunidades rurales y efectos en las mujeres.
La evaluación independiente fue encargada por la Comisión Europea a BKP Development, consultora en investigación económica de Alemania junto con el Centro Vincular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El equipo evaluador está constituido por expertos tanto europeos como chilenos especializados en cada uno de los ámbitos de la sostenibilidad.
Hallazgos preliminares de la evaluación de impacto
Durante el taller se presentaron los principales hallazgos preliminares de cada pilar de la sostenibilidad y se discutieron con los participantes.
Desde una perspectiva económica, la modernización del acuerdo no plantea problemas de sostenibilidad. En Chile el impacto sería notable para algunos sectores, pero en una escala que generaría pocas preocupaciones desde la perspectiva de la sostenibilidad. En el estudio se han identificado varias áreas donde el Acuerdo modernizado podría mejorar el comercio bilateral mediante una actualización de sus disposiciones. Estas incluyen la facilitación del comercio de bienes, así como la mejora del acceso al mercado y la eliminación de los obstáculos reglamentarios en los mercados de contratación pública.
En el pilar social, se espera que crezcan sectores con empresas lideradas por mujeres, por ejemplo comercio, turismo, agricultura, pesca, servicios de negocios y comunicación, construcción y transporte.
En el impacto en los derechos humanos, se mencionó el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a un medio ambiente limpio, el derecho al agua y consecuentemente el derecho a la salud podrían verse afectados hasta cierto punto, positiva o negativamente. Por ejemplo, los derechos laborales de los trabajadores migrantes – un grupo poblacional vulnerable – podrían verse positivamente afectados a través del aumento del empleo en los sectores con un gran número de trabajadores migrantes.
Al estudiar el impacto del Acuerdo modernizado en el medio ambiente se encontró que aunque el impacto será menor a nivel nacional, es heterogéneo en las diferentes regiones y debe ser analizado teniendo en cuenta la actividad económica y biodiversidad de cada región.
En general, los resultados indican que la modernización del Acuerdo tiene el potencial para reforzar las normas y procedimientos nacionales existentes sobre buenas prácticas regulatorias y transparencia, fortaleciendo así el buen gobierno.