En PUCV analizan las problemáticas y desafíos medioambientales de Chile con miras a la COP 25
Entre las principales conclusiones arrojadas por los expertos estuvo la necesidad de avanzar en la transición hacia energías renovables y los desafíos que plantea la escasez hídrica, y cómo abordarla.
Con gran éxito se llevó a cabo el seminario "¿Qué debiera comprometer Chile en el acuerdo global de cambio climático?", realizado por el Centro de Derecho del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, representada por la abogada Monserrat Madariaga, y la ONG FIMA, evento realizado en el Centro de Estudios Avanzados y Extensión (CEA) de la Casa de Estudios en Santiago.
La actividad, que contó con la presencia de Karina Toledo, directora general de Vinculación con el Medio de la PUCV, tuvo por objetivo analizar desde distintas perspectivas las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional para combatir el cambio climático, tomando elementos de mitigación, adaptación y daños.
La primera mesa sobre energías renovables contó con la participación de Sara Larraín, directora de Chile Sustentable; Marcela Puntí, gerente general de la Asociación Chilena de Energía Solar, ACESOL; y Carlos Cabrera, académico del Diplomado sobre Regulación y Mercado de la Energía Eléctrica de la Universidad de Chile.
En este contexto, Sara Larraín se refirió a las regulaciones que hicieron posible la inserción de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y al impacto que ejerce el sector energético como causante del 78% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero a nivel nacional, así como también el proyecto de descarbonización y las distorsiones en el impuesto verde vigente. Sobre este último punto, aclaró que las empresas que generan electricidad con proyectos 100% ERNC tuvieron que pagar cerca de 5 mil millones de pesos. A eso agregó que dicho impuesto no llegó a las comunas donde están emplazadas las industrias, pues el 15% del impuesto verde fue pagado a las mismas empresas sometidas al gravamen. Incluso, "algunas obtuvieron compensaciones del 40%, 60% y hasta 90% del impuesto que cancelaron", aseveró.
La mesa dos sobre el cambio climático como amenaza a los derechos humanos, contó con la exposición de Karl Böemer, investigador y expresidente de Amnistía Internacional Chile, quien se refirió a los derechos de tercera generación, es decir, aquellos que serían colectivos o solidarios, y en los que estaría incluido el posible derecho humano a un medioambiente sano.
Otro de los panelistas fue Juan Pablo Toro, director ejecutivo de AthenaLab, quien se centró en las migraciones y en la posibilidad de que el cambio climático pueda convertirse en una nueva causa de oleadas migratorias, levantando un nuevo concepto: refugiado climático.
Luego fue el turno de la senadora por la Región de Aysén, Ximena Órdenes, quien abordó el calentamiento global, la amenaza para la biodiversidad y el problema de la escasez hídrica, donde señaló que Chile está en los 30 países con mayor riesgo hídrico al 2025. Sobre este último punto, la parlamentaria, que integra las Comisiones de Medioambiente, Obras Públicas y Bienes Nacionales, señaló que no existe una mirada sistémica de manejo integral del recurso hídrico y que no se han generado cambios culturales para el uso eficiente del agua. También reflexionó sobre la necesidad de incorporar conceptos de economía circular para la reutilización del agua y el desafío de contar con una respuesta adecuada y oportuna en contexto de cambio climático, que permee los planes de desarrollo para uso eficiente del recurso hídrico. Además, añadió que existe el desafío de contar con un Plan de Adaptación Nacional que contemple medidas que garanticen el acceso al agua.
Por último, en la mesa tres se abordó la importancia de los bosques en materia de cambio climático, específicamente las metas del sector forestal al 2030, que buscan manejar y recuperar 100 mil hectáreas de bosque, principalmente nativo. En ella participaron Leonel Tapia, de FAO Chile; Fernanda Salinas, investigadora de ONG FIMA; y Sandra Schoihet, presidenta de Fundación Plantemos Nativo.
Algunos de los análisis de esta mesa se refirieron a que las especies pirófitas como el pino, eucaliptos y aromo contienen aceites y alcoholes inflamables, por lo que aumentan la incidencia, severidad y propagación de incendios. Además, señalaron que este tipo de plantaciones disminuyen la disponibilidad de agua, mientras que el bosque nativo la incrementa.